El Congreso ha vuelto a poner sobre la mesa una necesaria regulación de los juegos de azar. Pero ordenar un sector no puede significar entregarles una ventaja de diez años a quienes ya están dentro. El texto aprobado por la Cámara combina tres medidas que merecen toda la atención pública: mantiene la vía de regularización para operadores existentes, impide durante una década otorgar nuevas licencias y crea descuentos especiales para deudas fiscales acumuladas. Regular es correcto; cerrar el mercado para proteger a los actuales participantes es otra cosa.
El Estado tiene razones para poner orden. El propio proyecto habla de más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas y de una capacidad de fiscalización insuficiente. Pero el artículo 191 establece que, una vez organizado el registro, durante diez años no podrán entrar nuevos establecimientos, salvo la excepción de casinos turísticos. Al mismo tiempo, continúan los procesos de regularización y el artículo 192 permite descuentos sobre atrasos de impuestos y tasas acumulados hasta diciembre de 2025. Dicho en buen dominicano: quien quiera comenzar mañana, cumpliendo todas las reglas, encontraría la puerta cerrada; quien ya está dentro y arrastra deudas podría regularizarse y terminar pagando menos. Esa no parece una cancha pareja.
La preocupación aumenta cuando se mira quiénes han participado en el proceso legislativo. Una investigación de De Último Minuto identificó ocho congresistas con propiedades, participaciones o vínculos económicos declarados en negocios relacionados con juegos de azar. Seis diputados vinculados al sector aparecen como invitados en la reunión final de la comisión especial que rindió informe favorable con modificaciones; cuatro apoyaron electrónicamente ese informe y tres votaron favorablemente en las dos lecturas. Eso no demuestra que hayan redactado los artículos cuestionados ni que sus empresas vayan a beneficiarse. Pero precisamente por eso el Congreso debe explicar quién propuso los artículos 190, 191 y 192, cuáles estudios los sustentan, cuánto dejaría de cobrar el Estado y quiénes serían sus beneficiarios.
El Congreso todavía puede corregir el rumbo. Se puede depurar, fiscalizar e interconectar las bancas existentes sin condenar a una generación de dominicanos a esperar diez años para competir legalmente. También pueden establecerse facilidades razonables para cobrar deudas atrasadas, pero con transparencia, cifras públicas y sin convertir la irresponsabilidad fiscal en ventaja competitiva. Y cuando un legislador tiene intereses económicos en el sector que está regulando, la transparencia debe ser máxima. La ciudadanía no está pidiendo dejar los juegos de azar sin control; está exigiendo que las reglas sean iguales para todos. Ordenar un mercado no puede convertirse en la excusa para repartirlo entre quienes llegaron primero.
