En la política dominicana hay una costumbre que nunca falla: cuando se acerca el calendario electoral, algunos dirigentes descubren de repente problemas que llevan años sobre la mesa. Henry Merán asegura que la educación dominicana ha “involucionado”, mientras Omar Fernández pone el foco en la cantidad de estudiantes haitianos dentro del sistema. Ambos temas merecen discusión, pero presentarlos como si todos los males de la escuela pública hubieran comenzado en 2020 exige olvidar demasiado rápido que la falta de aulas, la calidad del aprendizaje y las debilidades de planificación vienen acumulándose desde hace décadas.
El sistema tiene dificultades y negarlas sería absurdo. Faltan cupos en determinadas zonas y todavía hay mucho que mejorar en infraestructura, alimentación y calidad educativa. Pero también hay respuestas que deben ponerse sobre la mesa: Educación reporta 157,000 solicitudes de nuevos cupos atendidas mediante distintas alternativas, unas 1,509 aulas disponibles al terminar agosto, ocho millones de libros y cuadernillos distribuidos y miles de estudiantes incorporados temporalmente a colegios privados pagados por el Estado. Si un niño se queda fuera, se critica al Gobierno; pero si se busca una solución provisional para que no pierda el año escolar, tampoco parece ser suficiente.
Lo mismo ocurre con el debate migratorio. República Dominicana tiene todo el derecho de discutir seriamente la presión que ejerce la migración irregular sobre sus servicios públicos y de establecer una política migratoria firme. Pero convertir al estudiante extranjero en responsable automático de la falta de cupos simplifica un problema mucho más viejo y complejo. El ministro Luis Miguel De Camps ha asegurado que ningún estudiante dominicano quedará fuera y, mientras se le exige cumplir esa palabra, también corresponde reconocer medidas como los 1,871 autobuses del transporte escolar, la ampliación de politécnicos y los planes para fortalecer la educación técnica y digital.
La oposición hace bien cuando fiscaliza, denuncia y obliga al Gobierno a rendir cuentas. Lo que pierde fuerza es el discurso de que todo está peor mientras se borran convenientemente los problemas heredados y las acciones que hoy están en marcha. Al Gobierno no hay que darle un cheque en blanco: dentro de unos meses habrá que comprobar cuántas aulas fueron terminadas, cuántos estudiantes quedaron realmente fuera y cuánto mejoró el sistema. Pero para hablar de educación también hace falta memoria, porque resulta curioso ver a políticos que durante años estuvieron sentados en el pupitre del poder regresar ahora como inspectores preguntando, indignados, quién fue que dejó la escuela así.
