Ginebra.– La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió este miércoles que el aparato represivo del Estado venezolano permanece «intacto», pese a algunas mejoras limitadas registradas en materia de derechos humanos.
En su nuevo informe sobre la situación del país durante 2026, marcado por la intervención estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, la misión señaló que se han producido ciertos avances, pero estos no han estado acompañados de cambios institucionales que garanticen su permanencia.
La presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher, explicó que la reducción de algunas de las formas más severas de represión representa un cambio significativo, pero no supone una transformación del sistema que permitió esas prácticas.
El informe señala que continúan vigentes leyes utilizadas para criminalizar la disidencia, mientras los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen estructuras similares. Además, la misión indicó que no se han adoptado medidas para desarmar o desmantelar a los llamados «colectivos», grupos civiles armados señalados como una fuente de intimidación y violencia.
La ONU también informó que periodistas y otros integrantes de la sociedad civil continúan enfrentando obstáculos para desarrollar sus actividades. Asimismo, al menos 19 funcionarios previamente identificados por la misión como responsables de graves violaciones de derechos humanos permanecen en posiciones clave.
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Entre los aspectos positivos, la misión registró una reducción significativa de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas, además de la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos. También observó un margen ligeramente mayor para las protestas, reuniones públicas y actividades de organizaciones de la sociedad civil.
Persisten denuncias de tortura
Pese a estos avances, la misión aseguró que continúa documentando casos de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos.
El informe menciona casos de intubación forzada y confinamiento prolongado en cisternas subterráneas dentro de la prisión de máxima seguridad El Rodeo I. También denunció que en Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, algunas personas habrían sido recluidas en celdas similares a fosas subterráneas y sometidas a privación de alimentos, exposición al frío y otras condiciones degradantes.
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Desde el 3 de enero, la misión recibió información sobre 64 nuevos casos de tortura. Además, señaló que cientos de personas continúan sometidas a condiciones de detención que calificó como deplorables, algunas de las cuales habrían provocado muertes bajo custodia debido a malos tratos o falta de atención médica.
Según datos de organizaciones no gubernamentales citados en el informe, entre 300 y 500 personas continúan detenidas por motivos ideológicos, pese a las excarcelaciones registradas.
La misión indicó también que, de las 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos denunciadas durante los últimos 12 meses, unas 200 ocurrieron antes de la captura de Maduro. Sin embargo, después del 3 de enero se ha identificado un patrón de arrestos de corta duración utilizados para intimidar a activistas, opositores, periodistas y otros sectores de la sociedad.
Sofía Macher advirtió que, mientras no sean desmanteladas las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura política seguirá siendo frágil y reversible.
El integrante de la misión, el canadiense Alex Neve, pidió a Estados Unidos y a otros actores influyentes intensificar sus esfuerzos para promover cambios en materia de derechos humanos en Venezuela. Al mismo tiempo, señaló que sus acciones no deben contribuir a nuevas violaciones ni facilitar la comisión de crímenes internacionales.
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ONU analiza papel de los «colectivos»
Además del informe sobre la situación de Venezuela durante 2026, la misión presentará otro documento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, centrado en los grupos civiles armados conocidos como «colectivos».
El informe sostiene que estos grupos no son organizaciones marginales, sino que forman parte del aparato represivo estatal.
La misión señaló que su consolidación y expansión durante los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez respondió a una estrategia política para fortalecer las bases de apoyo al proyecto oficialista mediante mecanismos de violencia y coacción.
El documento también destaca vínculos entre los colectivos y organismos del Estado, incluyendo la incorporación de algunos de sus integrantes a la Policía Nacional Bolivariana y la participación de miembros activos o retirados de las fuerzas armadas y de seguridad en estos grupos civiles.
