Lo ocurrido la noche de este martes durante la interrupción parcial del servicio de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo deja una discusión que va mucho más allá de la avería eléctrica que afectó a cientos de pasajeros.
Mientras usuarios permanecían varados y la lluvia complicaba todavía más la situación, un reportero de De Último Minuto, conocido como Guasapo TV, se encontraba en una de las estaciones documentando lo que sucedía. Miembros del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET) le ordenaron abandonar el lugar, pese a que se encontraba realizando una labor periodística sobre un acontecimiento que afectaba directamente a una parte importante de la población del Gran Santo Domingo.
La escena obliga a formular una pregunta sencilla: ¿por qué un periodista no puede documentar una situación de interés público dentro de un sistema de transporte público?
Es cierto que el Metro cuenta con normas de seguridad y que su manual establece restricciones para realizar grabaciones con fines no personales sin autorización previa. La seguridad de una infraestructura de esta naturaleza debe ser preservada y existen espacios técnicos o sensibles cuyo acceso y exposición razonablemente pueden estar limitados.
Pero una cosa es proteger instalaciones sensibles y otra muy distinta impedir que un comunicador documente lo que está ocurriendo en un área utilizada por cientos de ciudadanos durante una interrupción del servicio.
El Metro de Santo Domingo es una infraestructura propiedad del Estado, financiada con recursos públicos y destinada al servicio de los ciudadanos. Cuando ocurre una avería, una evacuación, una aglomeración o cualquier incidente que afecta a sus usuarios, existe un evidente interés periodístico en informar sobre ello.
Además, la libertad de información no constituye una concesión de una autoridad administrativa. El artículo 49 de la Constitución dominicana reconoce el derecho de toda persona a buscar, investigar, recibir y difundir información, así como el acceso de los medios de comunicación a fuentes de interés público.
Tampoco estamos frente a un precedente aislado. En septiembre de 2024, el creador de contenido mexicano Luisito Comunica fue detenido por agentes del CESMET mientras realizaba grabaciones dentro del Metro de Santo Domingo, episodio que provocó entonces una amplia controversia sobre las restricciones existentes.
Dos años después, el tema vuelve a colocarse sobre la mesa.
No se trata de reclamar que cualquier persona pueda entrar a cualquier área del Metro, instalar equipos donde desee o interferir con las operaciones. Ningún derecho es absoluto y la seguridad de pasajeros e instalaciones debe garantizarse.
Se trata de establecer límites razonables, claramente definidos y aplicados con proporcionalidad.
Las autoridades correspondientes deberían revisar los protocolos relacionados con periodistas, comunicadores y ciudadanos que documentan acontecimientos dentro del sistema. También sería conveniente diferenciar claramente entre una producción audiovisual comercial, que puede requerir permisos y coordinación previa, y la cobertura inmediata de una noticia que está ocurriendo en ese momento.
En grandes sistemas de transporte del mundo existen reglas de seguridad y procedimientos para las grabaciones. Pero esas reglas pueden convivir con el derecho de la prensa a documentar acontecimientos de interés público.
El Metro de Santo Domingo necesita seguridad.
También necesita transparencia.
Y cuando algo ocurre dentro de una institución pública y afecta a cientos o miles de ciudadanos, informarlo no debería convertirse en el problema.
