Santo Domingo.– El cierre de las operaciones de Falconbridge Dominicana (Falcondo) no significa el final de su impacto sobre el medioambiente. El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, ha estimado en más de US$120 millones los pasivos ambientales atribuidos a la empresa, una factura que plantea interrogantes sobre la recuperación de las zonas afectadas y quién deberá asumir su costo.
El futuro de estos terrenos vuelve al centro del debate luego de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenara el pasado 12 de agosto la terminación de los contratos de concesión de Quisqueya I, que abarcan 22,392 hectáreas ubicadas entre las provincias de La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión se produce después de décadas de actividad minera y con las operaciones de Falcondo paralizadas desde 2023. Sin embargo, para especialistas en temas ambientales, el cierre de una explotación minera no elimina automáticamente las consecuencias que esta pudo dejar sobre el territorio.
Falcondo y el desafío de recuperar las zonas afectadas
El ambientalista Nelson Bautista considera que el caso de Falcondo en Bonao evidencia uno de los principales retos que enfrenta República Dominicana frente a la actividad minera: garantizar que las empresas que intervienen el territorio también tengan la responsabilidad y los recursos necesarios para reparar los daños ocasionados.
“No existe tal cosa como minería sin daño ambiental”, afirmó Bautista durante una entrevista en el programa “Esto No Tiene Nombre”.
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El especialista cuestionó además la capacidad institucional del Estado para asegurar que las empresas mineras cumplan con sus obligaciones de remediación ambiental una vez concluyen sus operaciones.
A su juicio, esta preocupación también estuvo presente durante el debate relacionado con la explotación de Loma Miranda, donde se discutió la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección ambiental y supervisión de la actividad minera.
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Preocupa posible impacto en las aguas de Hatillo
Bautista también manifestó preocupación por los lixiviados provenientes de las áreas donde Falcondo desarrolló actividades de minería a cielo abierto en Bonao y por su posible incidencia en las aguas que llegan a la presa de Hatillo.
El señalamiento se relaciona con investigaciones que han estudiado la calidad del agua y los sedimentos del embalse, incluyendo la presencia de metales y el impacto de diferentes actividades desarrolladas en las cuencas que alimentan la presa.
La preocupación ambiental no se limita, por tanto, a las áreas donde se realizaron las operaciones mineras. También alcanza los recursos hídricos y otros ecosistemas que podrían estar conectados con las zonas intervenidas.
¿Quién pagará el pasivo ambiental de Falcondo?
Para Bautista, el caso de Falcondo y su pasivo ambiental obliga a discutir qué quedó en el territorio después de décadas de explotación, cuánto costará recuperar las áreas afectadas y, sobre todo, quién asumirá ese gasto.
La terminación de una concesión representa el cierre de una etapa administrativa, pero no necesariamente resuelve las consecuencias ambientales acumuladas durante años de explotación minera.
El monto estimado por el Ministerio de Medio Ambiente, superior a US$120 millones, coloca sobre la mesa el costo económico que puede representar la recuperación de los espacios afectados.
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El caso de Falcondo también reabre el debate sobre las garantías ambientales que deben acompañar cualquier proyecto minero en República Dominicana, especialmente cuando se trata de actividades capaces de modificar de manera significativa el territorio.
Para los sectores ambientalistas, el desafío ahora es evitar que el Estado y los contribuyentes terminen asumiendo una factura que debería estar vinculada a quien generó el impacto ambiental.
La concesión puede haber llegado a su fin, pero el pasivo ambiental de Falcondo en Bonao permanece como una tarea pendiente que requiere determinar el alcance de los daños, el costo de su recuperación y las responsabilidades correspondientes.
