Santo Domingo.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó los avances alcanzados por el sistema de justicia de la República Dominicana en materia de eficiencia, digitalización, transparencia e inclusión, aunque advirtió que persisten desafíos para garantizar un acceso más equitativo y cercano a la población.
Las conclusiones forman parte del informe “Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana”, presentado este martes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en una actividad realizada junto al Poder Judicial y que contó con la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.
De acuerdo con el estudio, el sistema judicial registra una capacidad resolutiva promedio de 94.9 %, mientras que más de tres millones de documentos han sido firmados digitalmente y alrededor del 66 % de los trámites se procesa de manera electrónica.
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Sin embargo, el PNUD señala que factores como los ingresos económicos, el lugar de residencia, el nivel educativo, el género y las habilidades digitales todavía pueden influir en las posibilidades de una persona para acceder y mantenerse dentro de un proceso judicial.
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El informe recoge ocho hallazgos y plantea 11 recomendaciones, entre ellas ampliar los servicios judiciales en los territorios donde existe mayor necesidad, utilizar un lenguaje más sencillo para orientar a los ciudadanos, fortalecer la mediación y conciliación y mantener alternativas presenciales junto a las herramientas digitales.
También propone reforzar la atención a mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos en condición de vulnerabilidad.
La representante residente del PNUD, Ana María Díaz, sostuvo que el desafío es lograr que los avances institucionales se traduzcan en un acceso efectivo y equitativo a la justicia en todo el territorio nacional.
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Las recomendaciones están vinculadas al Plan Justicia del Futuro 2034, que busca continuar la transformación del sistema judicial y lograr que sus mejoras tengan un impacto más directo en la protección de los derechos y la vida cotidiana de los ciudadanos.
