Santo Domingo.– El comercio ilícito continúa representando un desafío para la economía dominicana, pero sus manifestaciones han cambiado y ya no se limitan al contrabando, la falsificación de productos, las bebidas adulteradas, los cigarrillos ilegales o la venta irregular de medicamentos, según advirtió el abogado y especialista César Dmitri Roa Castillo.
Roa Castillo, experto en propiedad intelectual, regulación comercial y políticas públicas vinculadas a la prevención del comercio ilícito, explicó que actualmente pueden existir operaciones en las que el producto comercializado sea legítimo, pero se presenten irregularidades relacionadas con el valor declarado al momento de importar, el pago de impuestos, el registro de ventas, las condiciones laborales o el cumplimiento de normas técnicas.
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El especialista señaló que, aunque cada incumplimiento puede corresponder a una institución diferente, la actividad económica forma parte de una misma operación. En ese sentido, consideró necesario observar el conjunto de las prácticas para identificar posibles patrones de comercio ilícito.
“Una subvaluación es un asunto aduanero, una venta no declarada corresponde a la administración tributaria, una irregularidad laboral o migratoria tiene sus propias autoridades; sin embargo, la empresa es una sola y su operación económica también”, explicó.
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A su juicio, la globalización, el comercio electrónico y la transformación de las cadenas de suministro han facilitado el intercambio comercial y reducido costos, pero también han creado nuevas oportunidades para actividades vinculadas al comercio ilícito, lo que representa un reto para las autoridades encargadas de supervisar el mercado.
A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea han estimado el comercio mundial de productos falsificados en aproximadamente US$467,000 millones, equivalente al 2.3 % de las importaciones globales.
En República Dominicana también existen indicadores que, según Roa Castillo, ameritan atención. La Dirección General de Aduanas informó que 49 auditorías realizadas durante 2025 en uno de los segmentos de importadores fiscalizados determinaron diferencias impositivas por RD$1,592 millones.
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Asimismo, la Dirección General de Impuestos Internos ha informado sobre investigaciones en las que fueron detectadas operaciones en efectivo, omisiones en declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e ITBIS y ventas mediante tarjetas que no habían sido reportadas de manera adecuada.
Sin embargo, el abogado llamó a interpretar estas cifras con cautela y evitar generalizaciones sobre sectores empresariales. Indicó que vender a precios más bajos no significa necesariamente que exista comercio ilícito, debido a que algunas compañías pueden tener mayores volúmenes de compra, menos intermediarios o cadenas logísticas más eficientes.
“Una empresa que vende más barato porque es más eficiente hace precisamente lo que esperamos de un mercado competitivo. Distinto sería que parte de esa diferencia provenga de impuestos que no se pagan, mercancías subvaluadas, obligaciones laborales incumplidas o productos que no satisfacen las normas aplicables”, sostuvo.
Roa Castillo también planteó que la nacionalidad del capital no debe utilizarse como criterio para determinar responsabilidades. Consideró que tanto las empresas extranjeras como las dominicanas deben operar bajo las mismas reglas y contar con seguridad jurídica cuando cumplen con sus obligaciones.
El especialista señaló además que enfrentar el comercio ilícito no depende únicamente de aumentar las fiscalizaciones, debido a que instituciones como Aduanas, Impuestos Internos, el Ministerio de Trabajo, Migración y Pro Consumidor pueden detectar diferentes partes de una misma operación.
En ese sentido, abogó por una mayor coordinación entre las instituciones públicas para compartir información, detectar patrones y distinguir a las empresas que compiten legítimamente de aquellas que podrían obtener ventajas mediante incumplimientos reiterados.
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Para Roa Castillo, el reto consiste en mirar el comercio ilícito más allá de la mercancía y analizar también la estructura económica que permite su comercialización.
“Cuando incumplir se convierte en una ventaja competitiva, lo que comienza a estar en riesgo es la integridad del mercado”, concluyó.
César Dmitri Roa Castillo es abogado y especialista en propiedad intelectual, regulación comercial y políticas públicas vinculadas a la prevención del comercio ilícito. Durante seis años trabajó en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), donde ocupó la dirección de Prevención y Control de Comercio Ilícito, y anteriormente formó parte del Ministerio Público.
