Santo Domingo. — El director general de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, advirtió que el sistema penal de la República Dominicana podría llegar a un punto “insostenible” debido al incremento de la prisión preventiva, el hacinamiento en los centros penitenciarios y la judicialización de casos que no necesariamente deberían llegar a juicio.
Valentín Santos destacó los esfuerzos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, por unificar los criterios de los tribunales del país y promover mecanismos que permitan evitar la judicialización innecesaria de casos, especialmente en materia penal.
El funcionario sostuvo que la situación carcelaria constituye una de las principales consecuencias de la excesiva judicialización, al señalar que la prisión preventiva ha aumentado un 65.3 %, mientras algunos centros penitenciarios registran niveles de hacinamiento que alcanzan entre 500 %, 700 %, 800 % y hasta 900 %.
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La preocupación, explicó, adquiere mayor relevancia ante la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que incorpora más de 70 nuevos tipos penales. En ese sentido, cuestionó dónde serán recluidas las personas que sean perseguidas e imputadas por estos nuevos delitos si el sistema penitenciario ya enfrenta una situación de sobrepoblación extrema.
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“¿Dónde vamos a poner a esas personas que están persiguiendo, que van a ser imputadas, perseguidas, encarceladas?”, cuestionó.
El director de la Defensa Pública defendió la necesidad de fortalecer el proyecto de optimización del proceso penal, impulsado por el Poder Judicial, cuyo propósito es evitar que todos los casos sean llevados necesariamente a juicio y promover soluciones procesales más eficientes.
“No todo debe ir a juicio”, afirmó Valentín Santos, al señalar que durante más de cuatro años se han registrado entre 4,000 y 5,000 casos resueltos anualmente mediante autos de no ha lugar y absoluciones, lo que, según explicó, evidencia que una parte importante de los procesos judicializados finalmente termina sin condena.
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A su juicio, esta situación genera una sobrecarga para la Defensa Pública, el Poder Judicial y el propio Ministerio Público, además de afectar a personas que pueden ser sometidas a procesos penales pese a que no existen pruebas suficientes o no se ha demostrado que hayan cometido los hechos imputados.
Valentín Santos también planteó que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, independientemente de que pertenezca o no a la carrera judicial, debe dar continuidad al proyecto de optimización del proceso penal y trabajar en la orientación de los jueces para garantizar un uso adecuado de las medidas de coerción.
“Los fiscales piden, pero los jueces son los que imponen resoluciones, sentencias y prisión preventiva”, sostuvo.
Finalmente, insistió en que República Dominicana debe adoptar medidas urgentes para evitar que el sistema penal alcance un nivel de saturación que resulte imposible de sostener, particularmente ante los nuevos desafíos que plantea la implementación del Código Penal.
