SANTO DOMINGO – Durante su intervención de este jueves en el programa radial Politikal , el abogado y analista geopolítico, José Eliseo Almánzar desarmó la retórica oficial en torno al nuevo acuerdo energético entre los Estados Unidos y Venezuela, describiéndolo categóricamente como «un atraco legitimizado». Según el experto, detrás de las narrativas sobre supuestas reformas institucionales, la negociación real no tiene relación alguna con la reinstauración de la democracia o el bienestar de la población venezolana, sino con un reordenamiento masivo de los recursos energéticos en beneficio exclusivo de la potencia norteamericana.
El origen geopolítico: De los «adversarios» de Washington al control del patio
Almánzar contextualizó que el acuerdo comenzó a estructurarse inmediatamente después de que se activaran los mecanismos judiciales de presión contra el mandatario Nicolás Maduro. El objetivo prioritario de Washington era recuperar el control absoluto sobre la explotación y comercialización del crudo venezolano, un recurso que en los últimos años había estado fluyendo de manera constante hacia rivales geopolíticos y comerciales de Estados Unidos, tales como China, Rusia, India, Irán, Cuba y Nicaragua.
VER TAMBIÉN:
Este movimiento responde, según el analista, a una redefinición de la doctrina de política exterior estadounidense que inició en la administración de Donald Trump. Ante los elevados costos de mantener una presencia militar y diplomática global permanente, la superpotencia optó por replegarse hacia su zona de influencia primaria.
«Nosotros entregamos el resto del mundo, pero este es el patio de nosotros… y si ahí hay petróleo, China no lo puede venir a buscar», explicó Almánzar para ilustrar la mentalidad estratégica de la Casa Blanca..
Las demoledoras cifras de la asimetría económica
Para sostener la tesis de que el acuerdo constituye un despacho financiero para el país sudamericano, el especialista contrastó las proyecciones impositivas históricas con las cláusulas pactadas en el nuevo documento..
Leer Más
Durante el período comprendido entre 1999 y 2025, bajo las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la Energy Information Administration (EIA) de Estados Unidos registró la extracción de 21.000 millones de barriles de petróleo, los cuales devengaron para el Estado venezolano entre 500.000 y 600.000 millones de dólares en concepto de impuestos.
En contraste, el nuevo pacto otorga concesiones sobre un paquete de 17 campos petroleros que albergan reservas estimadas en 65.000 millones de barriles de crudo, es decir, el triple del volumen extraído en los últimos 26 años.. Sin embargo, el propio comunicado de la administración venezolana admite que el Estado apenas percibirá unos 209.000 millones de dólares en los primeros 25 años del acuerdo.
«Por el triple de petróleo van a recibir menos de la mitad de lo que habían recibido… es la menor proporción de ingresos que ha negociado gobierno alguno en la historia venezolana», fustigó Almánzar.
Las ventajas para el comprador no terminan ahí. Almánzar detalló que el acuerdo obliga a Venezuela a entregar un 20% del crudo extraído directamente «al costo», anulando cualquier margen de ganancia para el productor. El 80% restante estará sujeto a un derecho de primera opción de compra para firmas estadounidenses, lo que facilitará esquemas de intermediación y venta internacional.
Leer Más
La pérdida de soberanía judicial y el entramado de los «bolichicos»
Uno de los aspectos más alarmantes denunciados por el jurista es la virtual entrega de la soberanía legal en las áreas de explotación concesionadas. El acuerdo establece que el territorio de los 17 campos petroleros quedará bajo jurisdicción directa de los tribunales estadounidenses.
«Si a un trabajador le pasa algo… o si hay un derrame de petróleo en esa operación, hay que ir a un tribunal norteamericano a demandar, porque los tribunales venezolanos no son competentes para conocer nada de lo que suceda en esos 17 campos», alertó Almánzar.
Por otra parte, reveló las contradicciones entre las partes firmantes sobre la duración del tratado: mientras la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez anunció públicamente un límite de 25 años, el comunicado oficial de la Casa Blanca estipula una vigencia de 100 años.
El analista destapó además el complejo esquema corporativo detrás de la transacción, surgido debido a que las grandes corporaciones petroleras —como ExxonMobil o ConocoPhillips— se negaron a invertir capital propio ante el temor de nuevas expropiaciones. Para resolver la parálisis, el Departamento de Justicia de EE.UU. UU. presionó al empresario Harry Sargent y forzó la reestructuración de activos para dar origen a la firma North America Blue Energy Partners , controlada por Alejandro Betancourt, un controvertido magnate venezolano procesado en varios países europeos. Debido a la imposibilidad legal de inyectar fondos públicos directos en dicha entidad privada, el Pentágono y el gobierno de EE.UU. UU. utilizaron la figura de los penny warrants (garantías simbólicas) para quedarse con el 35% de las acciones de la compañía, asumiendo el rol de garantías estatales de la operación comercial.
Presiones domésticas e inviabilidad técnica para las reservas de EE.UU. UU.
Finalmente, el analista geopolítico desmintió el anuncio de la Casa Blanca sobre el uso de este crudo para rellenar de inmediato sus reservas estratégicas a partir de noviembre. Explicó que el petróleo de Venezuela es de tipo pesado y extrapesado, lo cual técnicamente impide su almacenamiento en las cavernas de sal de Texas y Luisiana. Para bombear este tipo de crudo de vuelta se requeriría una dilución constante líquida que aumentaría peligrosamente la presión de las paredes salinas, provocando derrumbes catastróficos.
La urgencia detrás del anuncio, concluyó Almánzar, responde a una severa crisis del diésel en el mercado interno estadounidense, donde el combustible ronda los $5.79 dólares por galón en las estaciones de servicio, al borde de quebrar su récord histórico. La maniobra del acuerdo petrolero se presenta entonces como un bálsamo político temporal para un mercado norteamericano bajo extrema presión inflacionaria, a gastos de la entrega total de la principal riqueza nacional de Venezuela.
