Hay estrategias de defensa que merecen ser estudiadas en las facultades de Derecho y otras que podrían estudiarse en las escuelas de tigueraje jurídico. La de Jean Alain Rodríguez parece querer combinar ambas: utilizar los recursos que la ley permite para defenderse y, cuando el tiempo acumulado se convierte en argumento favorable, pedir que ese mismo tiempo sea utilizado para cerrar el proceso.
Acompáñenme a hacerles este cuento: el pasado 17 de agosto, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa de Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el caso Medusa.
La acusación sostiene que Rodríguez encabezó una presunta estructura de corrupción administrativa durante su gestión como procurador, entre 2016 y 2020, que habría provocado un perjuicio superior a RD$6,000 millones mediante contrataciones, compras, pagos y manejo irregular de recursos públicos.
Hasta ahí, impecable. El problema comienza cuando se mira el calendario y los incidentes. De los 41 aplazamientos del proceso, 13 están vinculados a Jean Alain Rodríguez, equivalentes al 31.7% del total. Los demás imputados tienen uno, dos o ningún aplazamiento.
Por ejemplo, Altagracia Guillén y Javier Forteza Ibarra tienen tres aplazamientos cada uno, un 7.3%; el Ministerio Público también registra tres, otro 7.3%. Isis Tapia, Ramón Lucrecio Burgos y Jonnathan Loanders Medina aparecen con dos, 4.9%. Los demás actores registrados tienen uno, equivalente a 2.4%.
No es un detalle menor. Tampoco significa que Jean Alain sea responsable de todos los retrasos: la cronología registra razones médicas, climáticas, decisiones del tribunal y actuaciones de otros acusados. Sería deshonesto atribuirle todo, como también lo sería borrar del relato que su defensa ocupa el primer lugar en pedir esos aplazamientos.
Hay un dato particularmente revelador: entre abril y mayo de 2026, la defensa de Jean Alain Rodríguez estuvo presentando sus incidentes durante múltiples audiencias consecutivas.
El 22 de abril de 2026 se aplazó para que continuara presentando sus incidentes; el 27 de abril también; y lo mismo sucedió el 13, 18, 20, 25 y 27 de mayo. El 3 de junio, finalmente, el Ministerio Público quedó a cargo de responder los más de 120 incidentes planteados por las partes.
Y aquí está otra ironía: esos tres aplazamientos atribuidos al Ministerio (3, 8 y 15 de junio) llegaron para responder los más de 120 incidentes planteados por las partes.
¿Me siguen?
Luego vino otro capítulo de la misma historia: el 29 de julio de 2026, Jean Alain Rodríguez presentó su incidente de extinción por la duración máxima del proceso. Y, paradójicamente, esa audiencia también terminó aplazada por lo avanzado de la hora. Finalmente, el 17 de agosto se le rechazó.
El tigueraje está en la paradoja: la estrategia de Jean Alain es ganar tiempo para luego pedir que se acabe el tiempo.
Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante.
Después de que el tribunal rechazara la solicitud de extinción presentada por Jean Alain, otros 12 acusados (exempleados y exfuncionarios de la Procuraduría vinculados al proceso) han insistido en solicitar también la extinción de la acción penal.
Y ojo con la diferencia.
No estamos hablando simplemente de que otros acusados tengan derecho a presentar sus propios argumentos. Naturalmente, lo tienen. El problema está en el efecto que puede producir una estrategia que se replique sucesivamente: que cada defensa presente sus incidentes, que cada incidente obligue al tribunal y al Ministerio Público a detenerse para responder, y que el proceso siga consumiendo tiempo mientras se aleja el momento de entrar al juicio de fondo.
De hecho, en reiteradas ocasiones las juezas han ordenado a los fiscales iniciar la lectura de los cargos. Sin embargo, las defensas han impedido el avance del proceso interrumpiendo las audiencias para presentar nuevos incidentes.
La paradoja del reloj
Y aquí está la jugada: Jean Alain puso sobre la mesa la extinción por duración del proceso y ahora otros acusados parecen dispuestos a jugar la misma carta, uno por uno. El efecto puede ser tan paradójico como conveniente: seguir alargando el proceso para después alegar que duró demasiado.
Nadie discute el derecho de defensa. En un Estado de derecho, los acusados pueden plantear incidentes y utilizar las herramientas que la ley les reconoce. Pero ejercer ese derecho no debería convertirse en una carrera de obstáculos cuyo destino sea evitar llegar al fondo.
De hecho, al rechazar la extinción solicitada por Jean Alain, las juezas consideraron que la duración del proceso ha sido justificada y razonable, tomando en cuenta los aplazamientos solicitados por las partes y las actuaciones necesarias para garantizar sus derechos.
Por eso, más que preguntar únicamente cuánto tiempo lleva el caso Medusa, habría que preguntar: ¿quién hizo qué para que llegara hasta aquí?
Si después de utilizar los mecanismos procesales para ganar tiempo se pretende convertir ese mismo tiempo en la razón para extinguir el proceso, la paradoja resulta evidente.
Ese es el verdadero tigueraje jurídico: ganar tiempo para después alegar que se acabó el tiempo.
